La defensa de Cristina Kirchner presentará un recurso para retirar la tobillera electrónica y modificar el régimen de visitas en su prisión domiciliaria.
La expresidenta Cristina Kirchner le pedirá a la Corte Suprema que le quiten la tobillera electrónica y que se flexibilice el régimen de visitas impuesto en su prisión domiciliaria. El planteo será presentado en las próximas horas por sus abogados, Alberto Beraldi y Aru Llernovoy, en el máximo tribunal.
Los defensores anticiparon que recusarán a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por considerar que no pueden intervenir con imparcialidad. La presentación surge tras el rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloqueó un recurso extraordinario para acceder directamente a la Corte.
Desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de cobarde y advirtió que el poder económico lo desechará cuando no le sirva más.
La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó los dichos de Javier Milei sobre salarios, inflación y emisión monetaria, y lo acusó de mentir en su discurso.
La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. Actualmente, solo familiares, abogados, médicos y custodios pueden visitarla sin autorización previa; el resto de las personas deben pedir un permiso a la justicia.
La defensa sostiene que la tobillera no impide una fuga, sino que solo alerta cuando se supera el perímetro permitido. En esa línea, remarcan que Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho, cumplió con los viajes autorizados al exterior y cuenta con custodia permanente de la Policía Federal.
Respecto del régimen de visitas, Beraldi y Llernovoy señalaron que no existe normativa que obligue al Tribunal Oral a imponer restricciones adicionales y que, en la práctica, ninguna persona con prisión domiciliaria enfrenta un sistema tan limitado para recibir visitas.
La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, rechazó el recurso por no tratarse de una sentencia definitiva y consideró razonable el control judicial sobre visitas y monitoreo. Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si acepta analizar el planteo presentado por la defensa.