El dueño de los laboratorios que vendieron el fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro, declara en La Plata tras la ampliación de la cantidad de víctimas.
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, volverá a declarar en La Plata ante el juez Ernesto Kreplak en el marco de la causa que investiga más de 100 muertes causada por el uso de fentanilo contaminado producido en sus compañías.
La Justicia Federal analiza la responsabilidad del empresario en la producción de los medicamentos adulterados. En ese marco, junto a él también será interrogada la directora técnica de la firma, Carolina Ansaldi, quien, al igual que García Furfaro, está imputada en el expediente que ya lleva casi un año de trámite y tiene como eje la presunta adulteración de sustancias medicinales.
En paralelo, otros involucrados en la investigación optaron por no declarar. Entre ellos se encuentran la gerente de la empresa, Victoria García, y el exresponsable del área de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, Eduardo Darchuk.
En los últimos días el juzgado avanzó con nuevas indagatorias a integrantes de las compañías investigadas. Ya pasaron por tribunales técnicos responsables de control de calidad y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, en el marco de la ampliación de la causa.
Entre los que declararon se encuentran José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay, además de otros responsables del proceso productivo y de calidad. También prestó testimonio Diego Hernán García Furfaro, hermano del empresario, quien tenía a su cargo la coordinación de las plantas y la definición de órdenes de producción.
La ampliación de indagatorias responde a la incorporación de nuevos hechos en la acusación contra los catorce procesados. En un inicio, la causa contemplaba 20 fallecimientos, pero tras las pericias el número se elevó a cerca de 114 casos.
García Furfaro fue procesado en septiembre del año pasado junto a otros directivos, acusado como coautor del delito de "adulteración de sustancias medicinales". La investigación sostiene que esta maniobra provocó al menos 20 muertes, en concurso con otras figuras penales vinculadas al riesgo para la salud pública.
El empresario tiene un embargo de un billón de pesos sobre sus bienes, mientras que otros acusados también enfrentan medidas similares. Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta, obtuvo prisión domiciliaria, aunque continúa con prisión preventiva y un embargo de quinientos mil millones. En tanto, Diego García Furfaro también fue procesado con prisión preventiva y un embargo por la misma suma.
La acusación prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión. García Furfaro, además, cuenta con antecedentes penales: en 2002 fue condenado a 7 años de prisión por tentativa de homicidio. Tras cumplir la pena, desarrolló su actividad en la industria farmacéutica, donde consolidó varias empresas del sector.
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