Ya son 50 las denuncias por amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la región. La Justicia unificó la investigación en una sola fiscalía.
La ola de amenazas de tiroteos en escuelas de La Plata y la región sigue creciendo y encendiendo todas las alarmas. Este viernes se conoció un dato contundente que refleja la dimensión del fenómeno: ya son al menos 50 las denuncias radicadas en la Justicia, en el marco de una seguidilla de episodios que alteraron el normal funcionamiento.
Ante este escenario, en el ámbito judicial se tomó una decisión clave para ordenar la investigación y dar una respuesta más eficiente: una sola Unidad Fiscal de Investigación concentrará todas las denuncias. Se trata de la UFI Nº 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que centralizará los expedientes en todo el Departamento Judicial La Plata.
Fuentes judiciales indicaron a 0221.com.ar la cantidad de denuncias que ya se registraron y remarcaron que a partir de ahora, se comenzará a analizar cada caso de manera individual, se tomará contacto con las autoridades escolares afectadas y se buscará identificar a los responsables de las amenazas, muchas de las cuales fueron realizadas a través de redes sociales, mensajes anónimos o incluso de forma escrita dentro de los propios establecimientos, generalmente en los baños.
La problemática no es aislada ni se limita a una sola institución. Por el contrario, en los últimos días se multiplicaron las denuncias en distintos puntos de la región, especialmente en La Plata y Ensenada, generando evacuaciones, suspensión de clases y operativos policiales preventivos.
Aunque no se difundió oficialmente un listado completo de las escuelas afectadas, distintos casos fueron tomando estado público. Entre ellos, se encuentran establecimientos secundarios de La Plata que recibieron amenazas a través de redes sociales, así como también instituciones donde aparecieron mensajes escritos en baños o aulas advirtiendo sobre supuestos ataques.
Uno de los episodios que más preocupación generó fue el de un alumno que asistió armado a un colegio de La Plata en medio de este contexto, lo que profundizó el temor y obligó a reforzar los controles y protocolos de seguridad en las escuelas.
En tanto, fuentes del área de Seguridad de Ensenada indicaron que se registraron al menos seis amenazas: cinco de ellas mediante escritos y una a través de WhatsApp, lo que evidencia la diversidad de canales utilizados para este tipo de intimidaciones. Y desde Berisso aportaron que allí se registró una sola amenaza, en una establecimiento en el que apareció una nota indicando que el ataque sería el 19 de abril (que es domingo) junto a un arma de juguete.
Frente a cada amenaza, las autoridades activaron protocolos de emergencia que incluyeron evacuaciones preventivas, inspecciones de edificios y presencia policial en los establecimientos. Estas medidas, si bien necesarias, generaron interrupciones en las actividades escolares y un clima de incertidumbre entre estudiantes, docentes y familias.
Desde el Ministerio de Seguridad y el área de Educación se llevaron adelante reuniones para coordinar acciones y reforzar la prevención. Entre las medidas adoptadas, se dispuso intensificar la presencia policial en las inmediaciones de las escuelas afectadas y fortalecer los canales de comunicación con directivos.
Además, se recordó a la comunidad educativa la importancia de denunciar cualquier amenaza, incluso si parece poco creíble, para poder activar los mecanismos de respuesta correspondientes.
La decisión de unificar las denuncias en la fiscalía de Alcorta busca no solo agilizar los tiempos judiciales, sino también permitir una visión integral del fenómeno. La hipótesis que se analiza es que muchos de los casos podrían estar vinculados entre sí o responder a conductas imitativas, especialmente entre adolescentes.
En ese marco, los investigadores pondrán especial atención en el rastreo de dispositivos, cuentas en redes sociales y líneas telefónicas desde donde se originaron los mensajes. En varios episodios ya se logró identificar a menores de edad como presuntos autores, lo que abre un debate sobre la responsabilidad penal juvenil y el rol de las familias.
Las penas para este tipo de hechos pueden incluir imputaciones por intimidación pública, un delito que contempla sanciones que van desde multas hasta penas de prisión de hasta 6 años, dependiendo de la gravedad del caso y sus consecuencias.
El crecimiento sostenido de las denuncias en pocos días encendió una fuerte preocupación en toda la región. Aunque hasta el momento no se concretó ningún ataque, el impacto de las amenazas es profundo: altera la rutina escolar, genera miedo y obliga a desplegar recursos de seguridad de manera constante.
Con 50 denuncias ya registradas y una investigación ahora centralizada, el desafío de las autoridades será frenar la escalada, identificar a los responsables y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.
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