Una paciente denunció que fue atada durante más de 14 horas, sufrió falta de atención cardiológica y fue obligada a desnudarse en una clínica de La Plata.
Una mujer denunció haber sufrido maltratos y falta de atención por parte del personal de una clínica neuropsiquiátrica de La Plata durante una internación involuntaria. Según su denuncia, fue atada durante más de 14 horas, padeció dolor en el pecho sin atención cardiológica durante dos semanas y fue obligada a desnudarse durante una requisa.
En su presentación ante la Justicia, la mujer sostuvo que el pasado 15 de abril a las 21.50 ingresó a la Clínica Privada Neuropsiquiátrica S.A., ubicada en 6 N°123, con un cuadro de depresión profunda, en el marco de una internación gestionada por sus familiares. Ese mismo día, el Juzgado de Familia Nº2 ordenó su traslado desde su domicilio en ambulancia, con auxilio de la fuerza pública y acompañada por un familiar.
Según la denuncia, no opuso resistencia al traslado y llegó en calma al establecimiento. Sin embargo, cerca de media hora después fue atada a la cama con sujeciones en ambas muñecas, en los tobillos y el tórax. De acuerdo con su relato, permaneció toda la noche boca arriba, gritando de dolor y sin recibir agua. Las correas le habrían dejado marcas.
La denunciante sostiene que otra paciente la ayudó a desatarse para que pudiera ir al baño y luego volvió a atarla. La sujeción terminó al mediodía del 16 de abril, más de 14 horas después. También afirmó que durante la maniobra alguien le apoyó una rodilla sobre el cuello y que recibió dos inyecciones cuya medicación nunca le fue informada y que no figuran en su historia clínica.
Tras el primer día aparecieron –según la presentación– episodios de presión alta, taquicardia y dolor en el pecho. El primer registro de presión elevada que figura en la historia clínica es del 28 de abril, mientras que la primera consulta con un cardiólogo ocurrió el 12 de mayo, dos semanas después.
El 9 de mayo, la clínica envió un mensaje de WhatsApp a la familia para pedirle que llevaran a la paciente a una guardia y le realizaran un electrocardiograma, debido a que llevaba varias jornadas con taquicardia y sus familiares la trasladaron a un sanatorio privado. Un día después, un médico de guardia de la propia institución informó mediante dos audios que la presión y la frecuencia cardíaca estaban elevadas. Según esos mensajes, había probado con dos fármacos, consiguiendo reducir la taquicardia pero no la hipertensión, y había consultado a la directora sobre la posibilidad de que alguno de los psicofármacos estuviera provocando el cuadro. También recomendó consultar con un cardiólogo lo antes posible.
El turno fue conseguido por los familiares para el 12 de mayo, en un instituto cardiológico privado ubicado a dos cuadras del lugar. La paciente fue retirada de la clínica, evaluada y posteriormente devuelta. Al día siguiente se realizó una ergometría, también fuera de la institución y a cargo de la familia. La denuncia sostiene que esa noche ingresaron varias veces a la habitación mientras la mujer dormía para controlar su presión y que finalmente le colocaron un suero endovenoso. Después le informaron que la presión había llegado a 19 y que no habían logrado bajarla. La paciente afirma que tampoco le explicaron qué contenía el suero y que esa intervención no quedó registrada.
En ese marco, la querella plantea que la clínica tenía bajo su custodia a una persona internada contra su voluntad y que, después de que uno de sus médicos advirtiera sobre el cuadro y recomendara una consulta cardiológica urgente, la gestión terminó siendo trasladada a la familia.
La mujer también denunció que una enfermera le habría advertido en dos oportunidades que, si la presión aumentaba cada vez que recibía visitas, podrían suspenderle el régimen. Además, relató que cuando sus familiares reclamaron ante las autoridades de la institución, fue llevada al box de enfermería y allí le exigieron, a los gritos, que explicara qué estaba contando sobre la clínica.
Una compañera de internación afirmó haberla visto salir de ese lugar "muy asustada". Esa misma paciente también habría presenciado parte de otro episodio ocurrido después de un permiso de salida, cuando una enfermera hizo salir de la habitación a la compañera y revisó a la denunciante.
Según la presentación, primero le tocó los glúteos por encima de la ropa y luego le ordenó que se desnudara por completo. El abogado de la denunciante sostiene que ese hecho podría encuadrar en abuso sexual agravado por la condición de guardadora. La compañera ya fue citada por la fiscalía y deberá declarar en los próximos días.
La paciente recibió el alta el 18 de mayo. A principios de agosto solicitó su historia clínica y la recibió el 24, después de una intimación que la clínica se habría negado a firmar como recibida. La documentación entregada, según la denuncia, no contenía la indicación médica de la sujeción, los controles de aquella noche, las constancias de las inyecciones, el suero ni las planillas de presión arterial. Sin embargo, el 9 de mayo la propia clínica envió por WhatsApp a la familia dos fojas manuscritas en papel membretado con once controles de presión y frecuencia: para la querella, ese material demuestra que los registros existían y que posteriormente no fueron incorporados a la historia clínica entregada.
La causa también incorporó un informe de la psiquiatra que atiende a la denunciante desde 2004. En un documento fechado el 8 de septiembre, la profesional señaló que después del alta la paciente llegó con "intensa angustia, miedo y marcada desconfianza hacia el sistema de salud". Además, la especialista sostuvo que la paciente conserva la capacidad para comprender y relatar lo ocurrido y que su cuadro no afecta la percepción, la memoria ni el juicio de realidad. También consignó que en 2005 había atravesado una internación en otra institución y que había salido sintiéndose "contenida, respetada y estabilizada".
La orden del juez Gustavo Gabriel Petracca que dispuso la internación de la mujer también compelía a los profesionales de la institución a evaluar su situación y, únicamente si verificaban un riesgo, adoptaran las medidas terapéuticas correspondientes. El oficio también establecía la obligación de remitir un diagnóstico interdisciplinario dentro de las 48 horas y posteriores informes cada 30 días.
La investigación tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7, con control del Juzgado de Garantías Nº2. El 4 de septiembre, la denunciante fue tenida como particular damnificada. El 3 de septiembre, la fiscalía ordenó que la clínica entregue la historia clínica completa, foliada y certificada, las planillas de enfermería, los controles clínicos, las constancias de medicación, el libro de visitas, los permisos de salida, los consentimientos informados, el legajo de la paciente y la nómina del personal médico, de enfermería y administrativo.
Los abogados de la denunciante, Ricardo Jesús Díaz y Juan Pablo Mazzeo Vertua calificaron los hechos como privación ilegítima de la libertad agravada, abandono de persona, amenazas, coacción, abuso sexual y torturas. Por el momento no hay personas imputadas y las declaraciones testimoniales todavía no fueron tomadas.
En este marco, vale destacar que 0221.com.ar se contactó a la Clínica Privada Neuropsiquiátrica para conocer su versión de lo sucedido, pero la firma se negó a dar información sobre el tema.
El caso sumó además un antecedente de la misma institución. En enero de 2019, el Juzgado de Familia Nº1 hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a favor de una adolescente de 13 años internada contra su voluntad. Según aquellas actuaciones, permaneció 5días atada de pies y manos a una cama, somnolienta por sobremedicación y alojada junto a adultos de ambos sexos. El organismo calificó entonces esos hechos como tortura.
Tras conocerse esta nueva denuncia, la CPM se presentó ante la fiscalía y pidió acceso al expediente en condición de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, encargado del monitoreo de neuropsiquiátricos bonaerenses desde 2012. Además, la querella le solicitó a la entidad los monitoreos, actas, informes, denuncias y actuaciones relacionadas con la clínica, además del habeas corpus de 2019.
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