Los taxistas de la región cuestionaron principalmente el costo de la renovación que, según indicaron, pasó de unos $22.000 a casi $300.000.
Los taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada rechazaron el nuevo régimen para las licencias profesionales y reclamaron que se suspenda su aplicación. Las entidades que representan al sector cuestionaron principalmente el costo de la renovación, que según indicaron pasó de unos $22.000 a casi $300.000.
El planteo fue enviado a los intendentes Julio Alak, Fabián Cagliardi y Mario Secco; a Defensa del Consumidor y al Concejo Deliberante y fue firmado por UPAT, CATA, Taxistas Unidos La Plata, A.C.T. 7 y 51, APT, el Sindicato Calle 43, la Asociación de Taxis de Berisso y la Asociación de Taxis de Ensenada.
Las organizaciones sostuvieron que las nuevas condiciones afectan los ingresos de propietarios y choferes y cuestionaron que hayan avanzado sin un acuerdo previo con el sector. "Esta medida es un sistema recaudatorio que lo único que hace es precarizar aún más a las familias taxistas de la región que viven del taxi para subsistir", afirmaron en el documento.
"Consideramos que esta medida arbitraria para nuestro sector avasalla la realidad cotidiana de nuestra fuente de trabajo y vulnera nuestra estabilidad laboral", agregaron.
El cambio alcanza a las licencias profesionales C, D y E destinadas al transporte interjurisdiccional y comenzó a regir el 6 de julio. La Provincia de Buenos Aires otorgó una prórroga excepcional de 60 días para los vencimientos alcanzados por el nuevo régimen, mientras que los registros utilizados exclusivamente dentro del territorio bonaerense mantienen el esquema anterior.
El nuevo régimen establece que los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas deben realizarse con prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según los valores detallados, al trámite se agregan $175.000 por el psicofísico y $119.000 por el curso obligatorio del Instituto de Servicios Integrales para el Transporte.
El reclamo concluye con un pedido para frenar la aplicación de las nuevas condiciones y abrir una instancia de discusión. "Solicitamos de manera urgente la suspensión de esta normativa", plantearon las asociaciones, que además quedaron a disposición para conformar "una mesa de trabajo para consensuar políticas que permitan enaltecer nuestro trabajo y no asfixiarlo como se pretende".
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