El proyecto de ordenanza fue ingresado en el Concejo Deliberante por el concejal del PRO, Nicolás Morzone, tras el acto del MDF en el Pasaje Dardo Rocha.
Tras la polémica por la realización del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Salud en el Pasaje Dardo Rocha, el presidente del bloque de concejales de Propuesta Republicana (PRO), Nicolás Morzone, presentó un proyecto de ordenanza para prohibir el uso de inmuebles municipales con fines de propaganda, proselitismo o actividades político-partidarias y aplicar multas millonarias a quienes infrinjan la normativa.
La iniciativa establece que no podrán utilizarse edificios y espacios públicos de la ciudad para actos de campaña, lanzamientos de agrupaciones políticas, reuniones partidarias ni eventos que impliquen una apropiación institucional de bienes municipales por parte de una fuerza política. Además, prevé sanciones para funcionarios o agentes públicos que autoricen o permitan esos usos y estipula infracciones que van de 500 a 5.000 módulos municipales –lo que significa montos de entre $1.107.500 y $11.075.000 a un valor de $2.215 por módulo– y podrían agravarse cuando los hechos involucren inmuebles afectados al patrimonio histórico, arquitectónico o cultural de la ciudad.
Tras el lanzamiento del MDF Salud el último jueves, el bloque de ediles del PRO emitió un comunicado repudiando que la actividad encabezada por Axel Kicillof se haya llevado adelante en ese centro cultural que depende del Municipio.
"Repudiamos la utilización del Pasaje Dardo Rocha para la realización de un acto partidario encabezado por el gobernador Axel Kicillof", señalaron desde la bancada amarilla. Y consideraron que se trata de "uno de los espacios públicos más emblemáticos de nuestra ciudad, cuya finalidad es promover la cultura, el encuentro y la identidad platense, no convertirse en escenario de actividades político-partidarias".
En los fundamentos, Morzone sostiene que el proyecto busca "resguardar el carácter institucional, cultural, administrativo e histórico de los bienes inmuebles municipales de la ciudad de La Plata, evitando su utilización arbitraria o privilegiada con fines político-partidarios". El edil argumenta que "los bienes públicos pertenecen al conjunto de la ciudadanía" y que deben administrarse bajo criterios de "legalidad, razonabilidad, transparencia, igualdad y neutralidad estatal".
En ese sentido, el legislador sostiene que "la utilización de edificios y espacios públicos con fines de propaganda, construcción partidaria o proselitismo político desvirtúa la finalidad pública para la cual dichos bienes fueron destinados y genera una indebida confusión entre Estado y partido político".
Según plantea, "los funcionarios públicos tienen el deber de preservar la finalidad institucional de los bienes estatales, evitando toda utilización que implique apropiación sectorial, ventaja política indebida o utilización privilegiada de recursos públicos en beneficio de parcialidades políticas".
En el proyecto alude, aunque no de manera explícita, a la polémica generada en lo últimos días luego del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Salud en el Pasaje Dardo Rocha. "Hechos recientes acontecidos en espacios patrimoniales e institucionales de la ciudad han generado preocupación respecto de la utilización de dependencias públicas municipales para actividades vinculadas a estructuras partidarias", señala el autor.
En otro tramo de los fundamentos, Morzone destaca especialmente el valor simbólico del Pasaje Dardo Rocha, al que define como "uno de los principales símbolos institucionales e históricos de la ciudad de La Plata" y sostiene que "la preservación de su carácter institucional resulta indispensable para garantizar el respeto por el patrimonio público y evitar que espacios de tan significativa relevancia simbólica sean asociados a intereses sectoriales o utilizados con finalidades partidarias ajenas al interés general".
Finalmente, el concejal aclara además que la iniciativa "no persigue restringir la actividad política ni afectar el ejercicio de derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión, asociación o participación democrática", sino garantizar que los bienes públicos municipales sean utilizados "bajo criterios objetivos, equitativos y compatibles con el interés general".
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