La propuesta es impulsada por el PRO y prevé achicar un 30% la planta política de La Plata para recomponer los sueldos de los trabajadores municipales.
La oposición presentó este viernes en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto de ordenanza que propone declarar la emergencia salarial en la Municipalidad de La Plata, congelar los sueldos del intendente Julio Alak, sus funcionarios y los concejales y reducir al menos un 30% la planta política. El ahorro, además, sería destinado a mejorar los salarios de los trabajadores municipales.
La iniciativa fue presentada por el concejal de Propuesta Republicana (PRO), Nicolás Morzone, y establece en su primer artículo la declaración de la "Emergencia Administrativa, Económica y Financiera del salario de los empleados municipales" con el objetivo de avanzar con un fuerte recorte de la estructura política de la Comuna y destinar esos recursos a recomponer los sueldos de los trabajadores del Municipio.
En esa línea, la iniciativa contempla tres medidas centrales: congelamiento de los salarios del intendente y de todos los funcionarios políticos de la Comuna, prohibición de crear nuevos cargos y achique de un 30% como mínimo de la planta política del Municipio.
El congelamiento también alcanzaría a los propios concejales y a los funcionarios políticos del Poder Legislativo local. Durante el período de emergencia "no podrán aplicarse actualizaciones, aumentos, recomposiciones ni adecuaciones sobre remuneraciones, dietas, adicionales o suplementos", prevé la iniciativa.
La medida busca el congelamiento de los salarios del intendente, sus funcionarios y los concejales, una reducción de la planta política y una mejora del salarios de los empleados municipales
La emergencia tendría inicialmente una duración de 12 meses, aunque el proyecto habilita al Concejo a extenderla por otro año mediante una nueva ordenanza.
Uno de los puntos más fuertes de la propuesta establece que el Ejecutivo deberá adecuar progresivamente su estructura para alcanzar una reducción mínima del 30% de los cargos políticos existentes al momento de la entrada en vigencia de la ordenanza.
El Municipio tendría 60 días para presentar ante el Concejo Deliberante un "Plan de Racionalización Administrativa", en el que deberá informar la cantidad de funcionarios políticos que existen actualmente, el organigrama municipal, las dependencias que serán alcanzadas por los recortes, un cronograma para reducir los cargos y una estimación del ahorro que generaría la medida.
Además, mientras dure la emergencia quedarían suspendidas las creaciones de nuevas secretarías, subsecretarías, direcciones, coordinaciones, asesorías y cualquier otra dependencia política que implique un aumento del gasto público. Las únicas excepciones tendrían que ser autorizadas mediante una ordenanza específica. La propuesta también establece que las vacantes que se produzcan en cargos políticos no podrán ser cubiertas, salvo que el Ejecutivo justifique mediante una resolución la imposibilidad de mantener ese puesto sin ocupar.
El proyecto determina qué deberá hacer la Comuna con los fondos que consiga ahorrar. Según establece el artículo 10, "los recursos presupuestarios liberados como consecuencia de la aplicación de la presente Ordenanza deberán destinarse prioritariamente al fortalecimiento del salario de toda la planta activa de empleados públicos municipales en relación de dependencia".
La iniciativa también incorpora una medida de transparencia: obliga al Ejecutivo a publicar en la página oficial del Municipio la nómina completa de funcionarios políticos, con sus cargos, dependencias y remuneraciones mensuales.
En los fundamentos, Morzone apunta directamente contra el crecimiento que experimentó la estructura municipal durante la gestión de Alak y recuerda que, al asumir, el propio Ejecutivo impulsó una emergencia administrativa con el argumento de que era necesario reorganizar el Estado local y racionalizar sus recursos. "Lejos de verificarse un proceso sostenido de racionalización administrativa, el Municipio ha incrementado la cantidad de Secretarías, Subsecretarías, Direcciones y cargos jerárquicos de naturaleza política", sostiene el concejal. Y advierte que "la austeridad no puede constituir únicamente una exigencia para los ciudadanos, sino que debe comenzar por quienes administran los recursos públicos".
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