La denuncia presentada por el padre de un alumno de Villa Elisa reclama custodia policial, identificación del autor y activación de protocolos preventivos.
La creciente preocupación por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de La Plata sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la presentación de una denuncia penal que derivó en la intervención judicial urgente. Todos los detalles de un tema que genera preocupación.
El planteo fue impulsado por el padre de un alumno de una escuela primaria de Villa Elisa, quien solicitó una batería de medidas cautelares para prevenir cualquier episodio de violencia.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 9, con intervención del Juzgado de Garantías 5, y se centra en una amenaza concreta detectada dentro del establecimiento educativo. Sin embargo, este viernes se supo que todas las denuncias de este tipo las concentrará una sola Unidad Fiscal.
Según consta en la presentación judicial, el hecho que motivó la denuncia ocurrió el pasado 15 de abril en la Escuela Secundaria N° 28 de Villa Elisa, donde apareció un mensaje intimidatorio escrito en un baño: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, decía y generó temor en la comunidad educativa. Las autoridades actuaron de inmediato y radicaron la denuncia en la comisaría 12ª.
El episodio generó una inmediata alarma en la comunidad educativa, tanto entre padres como entre docentes y autoridades escolares. En el escrito, se advierte que la amenaza “reviste características compatibles con una situación de riesgo real que exige intervención preventiva inmediata del Estado”.
La denuncia encuadra, en principio, en el delito de intimidación pública previsto en el artículo 211 del Código Penal, sin descartar que puedan surgir otras figuras a medida que avance la investigación.
El planteo judicial no se limita a la denuncia del hecho, sino que solicita una serie de medidas cautelares de carácter urgente orientadas a prevenir cualquier riesgo para alumnos, docentes y personal del establecimiento.
Entre las principales medidas requeridas se destacan:
Además, se dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio Público disponga cualquier otra medida preventiva que considere pertinente. El escrito hace especial hincapié en el principio de prevención del daño, subrayando que la intervención estatal debe ser inmediata cuando hay menores involucrados.
Como respaldo probatorio, la denuncia anticipa la presentación de fotografías de la amenaza —que ya comenzaron a circular en ámbitos informales—, así como testimonios de padres, docentes y directivos.
También se solicitó formalmente la preservación de registros escolares y material fílmico, elementos clave para avanzar en la identificación del responsable.
En este contexto, la fiscalía deberá evaluar la verosimilitud de la amenaza y definir la urgencia de las medidas solicitadas, en un escenario donde la prevención se vuelve determinante.
El abogado patrocinante, Marcelo Peña, fue contundente al explicar el sentido de la presentación judicial y el enfoque preventivo del planteo.
“Tomar en serio una amenaza escolar no significa generar pánico. Significa actuar correctamente”, sostuvo.
Y agregó: “La seguridad de los chicos no puede depender de la casualidad ni de la interpretación subjetiva de la gravedad del hecho. Depende de decisiones institucionales oportunas. Y esas decisiones deben tomarse ahora”.
Las declaraciones reflejan una línea de acción que busca evitar la subestimación de este tipo de episodios, en un contexto donde amenazas similares han generado preocupación creciente en distintas jurisdicciones.
El caso se inscribe en una problemática más amplia que viene siendo seguida de cerca por autoridades judiciales y educativas: la proliferación de amenazas de violencia en escuelas, muchas veces difundidas a través de redes sociales o mensajes anónimos.
En este escenario, la respuesta institucional aparece como un punto crítico. La activación de protocolos, la intervención temprana y la coordinación entre organismos son consideradas herramientas clave para evitar que situaciones potencialmente peligrosas escalen.
La investigación en curso buscará ahora determinar el origen de la amenaza y establecer si existió una intención real de llevarla a cabo o si se trató de un acto intimidatorio sin capacidad operativa. Sin embargo, en términos judiciales y preventivos, el criterio dominante es claro: toda amenaza debe ser tratada como potencialmente real hasta que se demuestre lo contrario.
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