Concejales de La Libertad Avanza pidieron precisiones al Ejecutivo sobre el resguardo de datos personales y documentación tributaria de APR.
La oposición en el Concejo Deliberante de La Plata presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cuáles son los mecanismos de seguridad y resguardo que aplica la Agencia Platense de Recaudación (APR) para manejar los datos personales y la documentación sensible sobre los contribuyentes de la ciudad.
La iniciativa, elevada por el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Bardón, y acompañada por el resto de la bancada, solicita que el Ejecutivo informe qué sistema usa la agencia recaudadora tanto "en términos generales como de manera específica, cuando dicha documentación sea requerida o recibida a través de medios informales de comunicación, tales como la aplicación WhatsApp".
Está planeado que el intendente Julio Alak llegue al recinto el próximo 3 de marzo, un día después que Axel Kicillof hable ante la Asamblea Legislativa.
El oficialismo dialoga con La Libertad Avanza, el PRO y los tres unibloques cómo será la integración de las 13 comisiones permanentes del Concejo Deliberante.
En los fundamentos del proyecto, los concejales remarcan que la protección de los datos personales constituye un derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico argentino y regulado específicamente por la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. En este sentido, recuerdan que la norma establece principios rectores en materia de recolección, tratamiento y cesión de datos, tales como la finalidad, la calidad, la seguridad y la confidencialidad, e impone a los responsables de bases de datos la obligación de adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la protección de la información.
El texto también señala que la ley dispone que los datos personales deben ser tratados "de manera lícita, adecuada y pertinente en relación con la finalidad para la cual fueron recabados" y que deben implementarse medidas de seguridad destinadas a evitar "su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado".
Los legisladores libertarios advierten que cuando se trata de organismos públicos que administran información tributaria y documentación sensible de los contribuyentes el estándar de cuidado "es aún más elevado, dada la naturaleza de los datos involucrados".
Los ediles citan también el Decreto Reglamentario N°1.558/21, que refuerza la obligación de implementar políticas y mecanismos de seguridad acordes con el tipo de información tratada, promoviendo prácticas que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales.
En ese marco, plantean que "la eventual utilización de medios informales de comunicación (como aplicaciones de mensajería instantánea) para la recepción de documentación sensible plantea interrogantes respecto de la trazabilidad, almacenamiento, control y resguardo efectivo de dicha información, así como sobre el cumplimiento estricto de los estándares legales vigentes".