Radiografía de doce meses con intensa actividad en la justicia de La Plata. Juicios orales que quedarán en los libros de historia para las nuevas generaciones.
Este 2024 fue un año intenso en el fuero Penal de La Plata, con procesos judiciales que generaron repercusiones locales y nacionales. Desde casos de responsabilidad institucional hasta históricos fallos por violencia de género, estos son algunos de los hitos más salientes,
El juicio oral por la muerte de Lucas Lin, el niño de 5 años que falleció ahogado en una colonia de verano del Colegio Lincoln, llegó a su conclusión en noviembre. Si bien la acusación solicitó penas de hasta 6 años para los acusados, el Tribunal Oral Criminal III de La Plata dictaminó que nadie irá a prisión, al aplicar condenas excarcelables bajo el marco del homicidio culposo. Este fallo dejó un sabor amargo en los familiares de la víctima y reabrió el debate sobre la responsabilidad en actividades infantiles.
Otro de los casos destacados fue la absolución del docente Marcos Ledesma, quien había sido acusado de abusar sexualmente de alumnos de educación inicial en el jardín 914 de La Plata. Tras once años de proceso, el Tribunal Oral Criminal V de la capital bonaerense concluyó que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, un fallo que desató polémicas en la comunidad. La resolución fue apelada por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
La búsqueda de justicia para Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en 2021, culminó con la condena a cadena perpetua para Luis Ramos. Este fallo, que se dio en el Tribunal Oral en lo Criminal II, marcó un precedente en la jurisprudencia por violencia de género hacia personas trans, dejando un fuerte mensaje en materia de diversidad y derechos humanos.
En otro resonante juicio, el policía platense Rodrigo Nicolás Laurent fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de un joven desarmado en un caso de gatillo fácil. Esta sentencia reafirmó el compromiso judicial contra la violencia institucional y fue celebrado como un paso hacia la erradicación de la impunidad en las fuerzas de seguridad.
El urólogo Pablo Colaci fue condenado a 20 años de prisión por catorce hechos de abuso sexual agravado contra pacientes. El fallo incluyó testimonios de al menos cinco víctimas, quienes relataron patrones de conducta abusiva en consultas médicas. El juicio oral se desarrolló mediante el mecanismo de juicio por jurado ciudadano que declaró culpable a Colaci.
En un caso insólito que captó la atención mediática fue el llamado "ladrón del calzoncillo", un hombre que fue procesado acusado de robar esa prenda de una vivienda particular. A pesar de su caracter menor, el caso puso en evidencia el desmedido poder del Estado para delitos insignificantes.
En esta causa ya intervinieron dos fiscales, un juez de Garantías, dos camaristas, un defensor oficial, un juez de tribunal oral, policías y personal penitenciario que cuidó al acusado. Todo por un calzoncillo usado cuya propiedad es controvertida en la justicia.
El Tribunal Oral Criminal IV de La Plata emitió la primera sentencia del país en un "juicio por la verdad" relacionada con un caso de violación. Este proceso excepcional tuvo lugar porque el delito ya estaba prescripto, lo que impidió un juicio penal tradicional. A pesar de no poder imponer una pena, la Justicia permitió que se esclarecieran los hechos y se reconociera a la víctima como sobreviviente, sentando un precedente importante en casos de violencia sexual.
Aunque no hubo condena, la resolución judicial significó una reparación simbólica para la denunciante y abrió un camino hacia nuevas interpretaciones del derecho en situaciones donde los delitos no pueden ser sancionados penalmente debido al paso del tiempo.
El 18 de diciembre, el Tribunal Oral Criminal V de La Plata por unanimidad condenó al exfiscal Tomás Moran por el delito de "concusión" y absolvió al abogado Gustavo Galasso, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió 0221.com.ar. La defensa del exmagistrado recurrirá ante Casación la sentencia a 6 años de prisión.
Moran, extitular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 2 platense, fue procesado como presunto autor del delito de "concusión e incumplimiento agravado". Lo acusan de usar su magistratura para generar, de manera espuria, un rédito económico en su propio beneficio.
El letrado Bruno Strassera está a cargo de la defensa de Moran y sostuvo en diálogo con 0221.com.ar que "lo dieron vuelta porque era una vergüenza". Esa parte llevará sus quejas ante la Casación bonaerense, con sede en la capital provincial, mientras que los letrados Alejandro Montone, Juan Di Nardo y Ezequiel Funes se fueron satisfechos con la resolución de la Justicia de primera instancia, que absolvió plenamente a su colega Galasso. Para los jueces, no existen pruebas que incriminen al letrado.
Un veredicto condenatorio recayó sobre un funcionario judicial de La Plata que fue juzgado y condenado por maltratar a su ex esposa, también funcionaria del Poder Judicial en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Tras el debate oral realizado en el Juzgado Correccional 1 de esta ciudad, el juez Patricio Gandulfo, tras analizar todos los testimonios y la prueba documental dictó un veredicto condenatorio para Claudio José Cohen Salama por el delito de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género” del que fuera víctima Brenda Ponce.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la absolución del padre de Renzo Villanueva y su pareja Rosa Martignoni quienes fueron acusados por la muerte del menos de edad ocurrida el 10 de octubre de 2017 en un edificio de La Plata. Un caso que conmocionó a la opinión pública y una defensa tenaz que siempre sostuvo la inocencia de los acusados.
En el proceso judicial se agotaron las vías recursivas y así, luego de siete años de pleito judicial y varios de cárcel. quedó firme la absolución del papá del menor, Diego Villanueva y su pareja. Rosa Martignoni, quienes fueron redimidos por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata. Esa resolución fue confirmada por el Tribunal de Casación y por la SCBA.
Una condena por unanimidad de 17 años de prisión recayó sobre Ezequiel Iván Paz acusado de asaltar y violar a una jubilada que era su vecina en la isla Martín García. Tras la lectura del veredicto el hombre fue detenido y trasladado a una cárcel. Según dio por acreditado el TOC V, el hecho ocurrió a la 1 de la madrugada de 11 de agosto de 2013, cuando el sospechoso amordazó a la víctima, la amenazó de muerte con una cuchilla, la violó y luego escapó con dinero y una linterna.
En el resonante caso de la brutal represión policial en inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata un nuevo frente de tormentas asoma en el horizonte para el departamento de Legales del “lobo” que se encuentra cruzado por una millonaria demanda entablada por un socio que perdió uno de sus ojos durante la feroz agresión en la previa del partido ante Boca.
Mientras en el fuero Penal se sigue debatiendo si la causa Penal por la muerte de César "Lolo" Regueiro irá o no a juicio oral (las defensas apelaron la elevación a debate dispuesta por el juez), en la sede del fuero Civil y Comercial de la capital bonaerense fracasó la instancia de mediación en el marco de la demanda que dos de los heridos realizaron contra el club, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), la empresa aseguradora a cargo del "seguro del espectador" que tiene cada persona que abona una entrada, y el Estado provincial responsable del operativo de seguridad que terminó en una tragedia.
La jueza Belén Piccone, titular del Juzgado Correccional 3 de La Plata, condenó a Ángel Daniel Barrientos, Ubaldo Alfredo Farías, Oscar Damián Jara, César Orlando Pacheco, Lucas Eduardo Cángaro, Rodrigo Nicolás Ponce, Agustín Sabini, Cristian Jonatan Vicente y Juan Martín Brelis, al tiempo que dictó la absolución de Solange Andrea Medina, quien quedó desvinculada del caso. Fue asistida por el letrado Christian Romano.
No todos recibieron la misma condena. Todos los acusados llegaron al juicio oral en libertad. Barrientos fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público, los tres delitos en concurso real. Fue esposado en la sala de audiencias y quedó detenido.
Jara y Pacheco recibieron una pena de tres años y seis meses de prisión. Brelis, Ponce, Sabini y Vicente, condenados a tres años de prisión. Cángaro recibió una pena unificada de tres años y cinco meses. Todos culpables de severidades y vejaciones. Por último, Farías fue encontrado culpable de falsedad ideológica de instrumento público (falsificó un acta) y deberá cumplir una condena de dos años de prisión en suspenso. Farías era imaginaria de la Comisaría y participó en la confección del acta con información falsa.
Los ocho policías condenados que no irán a prisión deberán presentarse todos los meses ante al Patronato de Liberados y tiene prohibido salir del país. También se ordenó el retiro de sus armas reglamentarias y a los nueves condenados se les impuso una inhabilitación especial del doble de tiempo de la condena para el ejercicio de la función pública. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Victoria Huergo, quien resalto el trabajo de su colega en la instrucción, Virginia Bravo: "Por suerte estuvo de turno de fiscal Virginia Bravo, quien notó algo raro, y les tomó declaración a todos los presos. Virginia Bravo, una fiscal con todas las letras".
Una condena de prisión perpetua recayó sobre los acusados por el doble femicidio de dos mujeres en la localidad de Etcheverry, ubicada al oeste del Gran La Plata. El caso ocurrió hace poco más de 10 años y finalmente llegó a una resolución de primera instancia en el fuero Penal local.
Cristian Daniel Britte y Cristian Benítez fueron encontrados culpables de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la muerte de las víctimas”, según entendieron por unanimidad en el Tribunal Oral Criminal IV de la capital provincial.
Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2014 en una casilla ubicada en la calle 226 entre 46 y 47. Ramona del Valle Roldán, de 53 años y su hija Gisela Jésica Sosa (22) fueron sorprendidas por al menos dos individuos que irrumpieron en su hogar, propinándoles una serie de agresiones que terminaron con consecuencias fatales para una de ellas. La madre sufrió fracturas de cráneo como resultado de los golpes recibidos y fue objeto de un abuso sexual que la dejó gravemente herida. Tras una agonía de casi una semana en el Hospital de Melchor Romero, la mujer falleció. La condena tuvo el impulso de la fiscal Silvina Langone.
Un hombre fue absuelto tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija, en un caso que lo mantuvo separado de la menor durante cuatro años. La denuncia había sido impulsada por la madre de la niña en medio de un conflictivo proceso de separación. Sin embargo, el TOC III consideró que no había pruebas suficientes para acreditar los hechos.
La sentencia destacó las inconsistencias en la acusación y el impacto que la situación tuvo tanto en el acusado como en la niña, cuya relación con su padre quedó interrumpida. Este fallo reavivó el debate sobre las denuncias cruzadas en contextos de conflictos familiares y las consecuencias que estas tienen en las partes involucradas, especialmente cuando afectan los vínculos parentales.
Un joven fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su abuela ocurrido durante la Navidad de 2020 en City Bell. Según la investigación, el condenado atacó a la mujer de 73 años con un martillo en un contexto de discusiones familiares, y posteriormente intentó justificar el crimen bajo el alegato de una disputa económica. El Tribunal Oral I dictó la pena máxima solicitada por la fiscal Victoria Huergo.
La sentencia incluyó detalles del juicio, donde los testimonios y pruebas refuerzan la calificación de homicidio agravado por el vínculo. Este caso no solo conmocionó a la comunidad local por su violencia, sino que también puso en debate el manejo de conflictos intrafamiliares en situaciones extremas.
Cuatro policías de La Plata fueron condenados por su responsabilidad en la fuga cinematográfica de presos de la Comisaría Primera ocurrida en 2011. Una pena de tres años de prisión en suspenso recayó sobre cuatro uniformados por la fuga de dos detenidos de la comisaría Primera de la capital bonaerense.
Las condenas fueron para Franco Daniel Panne y Marcelo Cifuentes, por el delito de “falsedad ideológica de documento público” mientras que Cristian Eduardo Silva y Raúl Alberto Moreno fueron sentenciados por el delito de “cohecho”, es decir, cobrar coimas.
A fines de agosto de 2024 la justicia sobreseyó al chofer de un camión blindado acusado de ser el entregador del hecho que conmocionó al país. "Declarar extinguida la acción penal y el sobreseimiento Alejandro Daniel Peterlana". En apenas once palabras la Justicia de La Plata cerró una causa abierta en el año 2014 tras el millonario robo a un camión blindado que estaba estacionado frente al ex Banco Río de avenida 44 entre 26 y 27, del barrio La Loma.
El robo se realizó el 14 de agosto de ese año. Los ladrones se habían quedado con un botín superior a los cinco millones de pesos. Alejandro Daniel Peterlana, el chofer del camión de la empresa Prosegur había sido detenido sospechado como presunto “entregador”, pero a las pocas semanas recuperó la libertad. La causa prescribió y el dinero nunca se recuperó.
Un juez de Garantías sobreseyó al comerciante de Tolosa que mató a un delincuente que ingresó a robar en su distribuidora de lácteos ubicada en avenida 520 entre 11 y 12, hecho ocurrido en el mediodía del 19 de abril del año que finaliza.
El fiscal Álvaro Garganta hizo lugar al planteo del abogado defensor Alejandro Hortel. Ambos entendieron que el comerciante actuó en legítima defensa y solicitaron el sobreseimiento, medida que, en principio fue rechazada por el juez de Garantías, Eduardo Silva Pelossi, pero tras la apelación de la Fiscal General, hizo lugar al requerimiento.
El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la máxima instancia del ese fuero y paso previo a la Suprema Corte, tiene su sede principal en la ciudad de La Plata, donde también se generaron novedades de alto impacto social.
En septiembre la Sala III ordenó realizar un nuevo juicio oral a los acusados por el crimen del "escruchante" Juan Roberto Farías, asesinado el 1 de diciembre de 2010 en La Plata. Una resolución que intenta terminar con la impunidad del caso.
Casación anuló las absoluciones de los ex policías Gustavo Bursztyn, Gustavo Mena, Carlos “Macha” Barroso Luna y los civiles Adrián “Quichua” Manes, Héctor Vega y Martín “El Gaucho” Fernández, quienes fueron juzgados en el marco del debate oral conocido como “megabanda criminal” o “la banda del juez”.
Tras las absoluciones de primera instancia los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo fueron en queja a Casación donde, tras una ardua batalla jurídica, lograron revertirlas.
Farías era un ex integrante de la banda al que habrían asesinado en el marco de un ajuste de cuentas interno de la empresa criminal.
En el mes de julio, antes de la feria judicial, la Sala Segunda del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena dictada en La Plata a cuatro policías encontrados culpables por el conmovedor caso bautizado como la masacre de Monte, hecho ocurrido durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Con votos de los jueces Fernando Luis María Mancini y la platense Florencia Budiño, se rechazaron las apelaciones de las defensas y avalaron la sentencia dictada por la jueza Carolina Crispiani, luego del veredicto condenatorio de una corte ciudadana en el marco de un juicio por jurado.
El máximo tribunal Penal bonaerense anuló una resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata y dejó a un paso del arresto domiciliario a la joven influencer Felicitas Alvite, a quien los medios de comunicación bautizaron como “La Toretto de La Plata”. La causa está radicada en el Tribunal Oral Criminal II de la capital provincial, a la espera de la resoluciones en instancias superiores.
Los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, recurrieron el rechazo del arresto domiciliario dispuesto por la Cámara Penal. Argumentaron que la resolución de la Cámara es arbitraria por no considerar las constancias del expediente que demuestran la inexistencia de peligros procesales y la colaboración de Alvite con la justicia. La Sala IV de la Casación les dio la razón y anuló el rechazo del arresto domiciliario al tiempo que ordenó dictar una nueva resolución "fundada" y "motivada".
También la defensa proyectó una cuestión federal por violación a los derechos de defensa y al principio de culpabilidad, al considerar que la “actitud exculpatoria” de Alvite no justifica la denegación de la morigeración. Esa parte ya dejó abierta la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Se trata de uno de los estudios jurídicos más jerarquizados y cotizados de la capital bonaerense.
La causa iniciada por Julio Alak avanza tras la ratificación judicial. Señalan maniobras de selección de investigadores conocida como “fórum shopping”.