El juez consideró que no existían riesgos procesales que justificaran mantener detenido al imputado de abuso sexual. Los detalles de la resolución.
El juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó la excarcelación de Abel Carlos Alberto Spadari, el ex empleado de la Dirección de Minoridad de la provincia de Buenos Aires que permaneció detenido durante 15 días en La Plata acusado de abuso sexual simple, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, amenazas y tenencia ilegal de dos armas de fuego de uso civil.
La resolución rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal de la UFI N°13 de La Plata, Mariana Ruffino, y dispuso la inmediata libertad del imputado bajo caución juratoria, es decir, bajo promesa de buen comportamiento y de cumplir las obligaciones impuestas por la Justicia.
Entre ellas, la prohibición de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto conflictivo con la mujer que lo denunció, cuya identidad se preserva por tratarse de una causa por presuntos delitos contra la integridad sexual.
En su resolución, Masi aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del acusado, sino únicamente una evaluación acerca de si correspondía mantenerlo detenido durante el proceso.
El magistrado recordó que la prisión preventiva constituye una medida excepcional y que únicamente puede dictarse cuando existen riesgos procesales concretos, como peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Para fundamentar esa postura citó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, que sostuvo que el encierro cautelar sólo puede justificarse cuando se acreditan esos extremos y cuando no existen otras medidas menos gravosas que permitan asegurar el desarrollo del proceso.
A criterio de Masi, en este expediente esos riesgos podían neutralizarse mediante la libertad caucionada y la imposición de reglas de conducta. El juez también valoró que Spadari no registra antecedentes condenatorios, posee arraigo familiar y manifestó su voluntad de someterse al proceso penal, circunstancias que consideró suficientes para concluir que no existían impedimentos para que transitara la investigación en libertad.
Uno de los aspectos centrales del fallo fue el análisis de la imputación por la presunta tenencia ilegal de dos armas de fuego de uso civil secuestradas durante el procedimiento. La defensa particular, encabezada por Valentín Armellino, sostuvo durante la audiencia que ambas armas habían sido heredadas por el acusado. Según explicó, primero pertenecieron al abuelo de Spadari, luego pasaron a manos de su padre y finalmente llegaron al imputado como parte de una transmisión familiar, aunque nunca fueron registradas conforme exige la normativa vigente.
El juez coincidió con ese planteo y sostuvo que, en principio, no se encuentra acreditado el elemento subjetivo del delito. "Al no haber recibido las armas en cuestión de una manera ilegítima sino por transmisión mortis causa debió el imputado realizar la tramitación correspondiente ante la autoridad administrativa. Su omisión no transforma la detentación y hasta la tenencia de dichas armas en ilegítima —recuérdese que su origen es legítimo— sino antirreglamentaria, no configurándose de tal modo delito alguno", escribió Masi en su resolución.
Para el magistrado, el origen lícito de las armas y el hecho de que constituyeran un legado familiar con valor sentimental modifican la evaluación jurídica realizada hasta el momento, lo que redujo la gravedad de la imputación y también incidió en el análisis sobre la necesidad de mantener la medida de coerción.
Pese a conceder la excarcelación, el juez dispuso una serie de restricciones para resguardar a la denunciante mientras continúe la investigación. La resolución establece que Spadari deberá abstenerse de acercarse a la mujer o mantener cualquier tipo de contacto conflictivo con ella, por cualquier medio, durante todo el proceso o hasta que exista una decisión judicial en sentido contrario.
Además, el magistrado advirtió que el incumplimiento de esas obligaciones podrá derivar en la revocación inmediata del beneficio y en su regreso a prisión. Con esa decisión, el juzgado dejó sin efecto el tratamiento del pedido de prisión preventiva impulsado por la fiscalía y ordenó la inmediata liberación del imputado, quien continuará siendo investigado por los delitos de abuso sexual simple y lesiones leves doblemente agravadas, mientras la causa avanza hacia las próximas etapas procesales.
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