La oposición presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de La Plata para conocer cómo funciona el sistema de habilitaciones y controles municipales sobre los colegios privados de la ciudad. La iniciativa busca determinar si los requisitos se superponen con los que establece la Provincia y evaluar la posibilidad de crear un régimen específico que simplifique los trámites.
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La oposición pone la lupa sobre las habilitaciones de los colegios privados de La Plata
La iniciativa busca determinar si existen controles municipales que se superponen con las exigencias que la Provincia establece para los colegios privados.
El expediente es autoría del concejal de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, y solicita al Ejecutivo municipal que informe cuáles son los requisitos que actualmente deben cumplir los establecimientos educativos de gestión privada reconocidos por la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Diegep), qué documentación se les exige y qué inspecciones realiza la Comuna.
Uno de los principales interrogantes que plantea Allan es si los colegios privados deben presentar certificados, documentación o autorizaciones ante el Municipio que ya fueron exigidos, aprobados o controlados por las autoridades educativas bonaerenses. El objetivo es identificar posibles superposiciones administrativas entre ambos niveles del Estado.
El proyecto, acompañado por el resto del bloque libertario, también propone consultar a las áreas técnicas municipales sobre la conveniencia de establecer una categoría de habilitación específica para estos establecimientos, teniendo en cuenta que ya se encuentran sujetos a un régimen provincial de autorización, supervisión y fiscalización.
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Los datos sobre los colegios privados que pide el proyecto
La iniciativa solicita conocer cuántos establecimientos educativos privados funcionan en el partido de La Plata y bajo qué categorías, rubros o actividades están registrados y habilitados por el Municipio. También requiere precisiones sobre los procedimientos para obtener las habilitaciones, la documentación exigida y los controles municipales vinculados con aspectos como seguridad, higiene y funcionamiento de los edificios.
Otro de los puntos apunta a determinar si existen convenios o mecanismos de coordinación entre la Municipalidad y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para evitar que ambos organismos exijan los mismos documentos.
Allan también busca conocer cómo se autorizan actualmente los espacios de ascenso y descenso de alumnos frente a los establecimientos educativos. En particular, pregunta si existe un procedimiento general para estas autorizaciones o si cada colegio debe realizar una tramitación individual.
En los fundamentos del proyecto, Allan plantea la necesidad de analizar las posibles duplicaciones de documentación, certificaciones e inspecciones, sin eliminar las atribuciones de control que corresponden a la Municipalidad.
Como antecedente, el expediente menciona la Ordenanza N° 25.300 del partido de Mar del Plata -distrito gobernado por el PRO-, donde ya se establecieron regulaciones específicas para determinados establecimientos educativos con el objetivo de articular las exigencias provinciales y municipales.
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