El bloque del PRO presentó un pedido para que la gestión de Julio Alak brinde precisiones sobre las familias que fueron relocalizadas hasta ahora en La Plata.
Un proyecto presentado por el bloque PRO-Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de La Plata busca que la gestión del intendente Julio Alak brinde información sobre las familias que relocalizó en lo que va de su gestión ya sea porque estaban viviendo en espacios públicos o en asentamientos precarios.
El pedido de informes lleva la firma de la concejala Lucía Barbier y busca que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la dependencia que resulte competente, remita al Concejo "un informe exhaustivo y pormenorizado sobre la política integral de relocalización de familias que, encontrándose en situación de vulnerabilidad habitacional o precariedad ocupacional, han sido o se encuentran en proceso de ser reubicadas de espacios públicos o asentamientos informales".
Desde que comenzó la gestión actual hubo varias relocalizaciones impulsadas por el Municipio, tanto de las familias que vivían en la vera de las vías del Bosque como de las que lo hacían en El Mercadito, las que habitaban en donde se construyó la bajada de la autopista en la 520 o la que fue anunciada hace diez días para las familias que viven en un asentamiento en 25 entre 511 y 512, en Hernández.
El proyecto solicita al Ejecutivo que informe cuáles fueron las intervenciones de relocalización realizadas por la actual gestión municipal, y que precise el lugar de origen y la cantidad de familias efectivamente relocalizadas o en proceso de reubicación.
También piden conocer a qué domicilio fueron reubicadas las familias y en qué condiciones, como así también si están garantizados los servicios básicos y esenciales como agua potable, saneamiento (cloacas), energía eléctrica, recolección de residuos, alumbrado público, transporte público, y cercanía a centros de salud y establecimientos educativos.
Entre otros ítems, la concejala también pide que el Ejecutivo informe cuáles son los programas de acompañamiento y seguimiento social y económico que impliementa "para asegurar la efectiva integración y el bienestar de las familias en sus nuevos entornos, incluyendo apoyo para la inserción laboral, acceso a programas sociales y asistencia en salud".
"La reciente intervención municipal en la villa emplazada en calle 25 entre 511 y 512 de la localidad de Hernández, con el consecuente anuncio de la inminente relocalización de sus habitantes –según lo informado públicamente el pasado 16 de mayo de 2025–, no es un hecho aislado", señala la concejala en los fundamentos del expediente.
"La reubicación forzosa o inducida de familias que habitan en condiciones de precariedad es un proceso de altísima complejidad, que impacta directamente en derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional (Art. 14 bis), la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (Art. 36) y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional", advierte.
"No se trata simplemente de trasladar personas de un punto geográfico a otro; se trata de desarticular redes sociales, de interrumpir trayectorias educativas, de afectar el acceso a la salud y al empleo, entre otras cosas. Por ello, estas intervenciones deben ser llevadas a cabo con la máxima cautela, planificación y, sobre todo, con absoluta transparencia", agrega.
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