El abogado de Tamara Roh presentó un descargo en La Plata y pidió cerrar la causa por presunto ejercicio ilegal de la psicología, falsedad documental y estafa.
La defensa de Tamara Roh, la mujer acusada de ejercer la psicología en La Plata sin título habilitante, pidió su sobreseimiento total o parcial en la causa penal. El abogado Lautaro Slpizer presentó un descargo ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°15 en el que cuestionó las pruebas en contra de su defendida, solicitó precisiones sobre las imputaciones y reclamó nuevas medidas de investigación.
El escrito fue ingresado el último viernes, según confirmaron fuentes judiciales. La presentación busca que se analicen por separado las conductas atribuidas a Roh y las posibles figuras penales vinculadas al ejercicio profesional sin título, la presunta falsedad documental y una eventual estafa que se investiga en la Justicia local.
Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con la formación que la imputada asegura haber recibido en psicología social y psicología social clínica. En ese sentido, el abogado enumeró certificados expedidos por la Universidad Popular Enseñaje (UPE), la Primera Escuela de Psicología Social Clínica Argentina de La Plata y una credencial de la Asociación de Psicología Social Clínica Argentina (APSCA).
La defensa solicitó que se verifique la autenticidad de esos documentos, el reconocimiento oficial de las instituciones y el alcance de las formaciones realizadas, entre las que figuran un trayecto de 1.650 horas y otro de 144 horas de capacitación.
Slpizer aclaró que la defensa no pretende equiparar esos estudios con un título universitario de licenciada en Psicología ni con una matrícula habilitante para ejercer esa profesión regulada. Sin embargo, reclamó que se investigue qué información recibió Roh sobre los alcances de su formación y qué actividades entendía que estaba autorizada a realizar. También pidió determinar si la imputada se presentó como licenciada en Psicología y, en caso afirmativo, identificar en qué documento, publicación o comunicación concreta lo habría hecho.
Otro de los puntos planteados es la diferencia entre las expresiones "psicóloga social" y "psicóloga social clínica" y la denominación de psicóloga o licenciada en Psicología. La defensa sostiene que resulta necesario establecer con precisión qué términos se utilizaron y en qué contexto, debido a las diferencias legales entre esas denominaciones y el ejercicio de una profesión regulada.
La investigación también incluye un informe escolar fechado el 12 de junio de 2026, por el cual Roh está acusada de haber cobrado $30.000. La Fiscalía, a cargo de Cecilia Corfield, analiza si el documento presentado ante una institución educativa podría constituir un instrumento privado falso y si existió una defraudación relacionada con su utilización.
Frente a esa imputación, la defensa solicitó acceder al original completo del informe, incluidos sus anexos, firma, sellos y membrete. Además, pidió que se precise qué parte del documento sería materialmente falsa y si se produjo un perjuicio económico concreto. El abogado sostuvo que debe distinguirse una eventual irregularidad en el contenido del informe o en las habilitaciones de quien lo firmó de una falsificación material, que constituye una figura penal específica.
Respecto de la presunta estafa, por su parte, el abogado reclamó que se detalle qué información recibió la persona que contrató los servicios de Roh, qué se le comunicó sobre sus títulos y matrículas, qué prestaciones se brindaron efectivamente y cuál habría sido el daño patrimonial ocasionado.
Fuentes judiciales adelantaron que Roh podría presentarse a declarar en los próximos días para ampliar personalmente los argumentos expuestos por su defensa ante la fiscal. Con el planteo de sobreseimiento, en tanto, la defensa busca que se revisen tanto las pruebas reunidas como la calificación jurídica de los hechos investigados. La resolución dependerá del análisis de la Fiscalía y de las decisiones que se adopten en el marco de la causa penal.
El caso volvió a poner bajo la lupa el ejercicio profesional de la psicología y los controles sobre las prácticas vinculadas con la salud mental en la provincia de Buenos Aires.
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