lunes 29 de junio de 2026

La causa por la muerte de Santiago Correa en City Bell suma nuevos movimientos en la Justicia de La Plata

La investigación continúa abierta y todavía no hay una conclusión definitiva sobre cómo murió el joven. Los acusados insisten con recuperar la libertad.

La investigación por la muerte de Santiago Correa, ocurrida el 8 de junio en una vivienda de City Bell, atraviesa días de intensa actividad judicial. Mientras la defensa de los dos hombres detenidos intenta revertir su situación procesal, la fiscalía continúa reuniendo elementos para definir cómo ocurrió el fallecimiento y cuál fue la eventual responsabilidad de los imputados.

En paralelo al avance de la pesquisa encabezada por el fiscal Patricio Barraza, los acusados, que se negaron a declarar, recurrieron a la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata para cuestionar la resolución que rechazó el pedido de eximición de prisión formulado antes de que se ordenaran formalmente sus detenciones.

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La defensa insiste con la hipótesis del suicidio

En la presentación, la defensa sostiene que el Juzgado de Garantías N° 4 modificó indebidamente el alcance de ese planteo al tratarlo como una solicitud de excarcelación. Según argumentó, esa interpretación afectó la estrategia procesal y generó un perjuicio al utilizar una herramienta que, a su criterio, debía reservarse para otro momento del expediente.

Los detenidos por la muerte de Santiago Correa seguirán detenidos, al menos, hasta que el fiscal termine de analizar el caso.

Los detenidos por la muerte de Santiago Correa seguirán detenidos, al menos, hasta que el fiscal termine de analizar el caso.

Uno de los principales ejes del recurso es la hipótesis sobre la forma en que murió Correa. La defensa sostiene que el joven habría sufrido un episodio de psicosis asociado al consumo de alcohol y drogas y que, antes del desenlace fatal, presentó conductas erráticas, delirios paranoides y manifestaciones compatibles con una posible intención suicida.

Siempre de acuerdo con esa versión, los dos imputados intentaron asistirlo durante varias horas y solicitaron ayuda médica mediante llamados al servicio de emergencias 107 y posteriormente al 911 cuando el cuadro se agravó.

El planteo también pone el foco en la prueba científica que todavía resta producir. Según remarcan los defensores, la autopsia definitiva aún no fue incorporada al expediente y el informe preliminar no permite establecer con certeza cuál fue la mecánica de la muerte ni descartar las distintas hipótesis que siguen bajo análisis.

La Cámara de La Plata deberá resolver el planteo

Además, la defensa sostiene que ninguno de los detenidos registra antecedentes penales, ambos cuentan con domicilio fijo, trabajo estable y arraigo familiar en La Plata. En ese contexto, considera que no existen riesgos procesales suficientes para justificar que permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Familiares y amigos de Santiago Correa sostienen que se trató de un crimen y descartan la posibilidad del suicidio.

Familiares y amigos de Santiago Correa sostienen que se trató de un crimen y descartan la posibilidad del suicidio.

La última palabra sobre ese planteo la tendrá ahora la Cámara de Apelación y Garantías, que deberá resolver si confirma o revoca la decisión que rechazó la eximición de prisión.

Mientras tanto, el expediente continúa abierto y sin una definición sobre el hecho central que investiga la fiscalía: si Santiago Correa murió como consecuencia de un homicidio o si, por el contrario, se trató de un suicidio.

Más tiempo para definir la situación procesal

En ese contexto, en las últimas horas el fiscal Patricio Barraza adoptó una medida clave para continuar profundizando la investigación. El titular de la UFIJ N° 6 dispuso hacer uso de la prórroga prevista por la ley para definir si solicita o no la prisión preventiva de los dos acusados.

El Código Procesal le otorga un plazo inicial de quince días corridos desde las detenciones para resolver esa situación, con la posibilidad de extender ese término por otros quince días hábiles. La decisión permitirá a la fiscalía contar con más tiempo para incorporar y analizar las pruebas pendientes antes de adoptar una definición sobre la situación procesal de los imputados.

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