Iván Tobar llegará a juicio acusado por las amenazas del video de la UOCRA de 2021. La Justicia descartó la asociación ilícita y otros hechos.
La situación judicial de Iván Tobar se redujo desde su detención en marzo de 2025. Tras una falta de mérito por el dinero y las autopartes y el rechazo de la asociación ilícita, el juicio oral quedó limitado a determinar si organizó las amenazas difundidas en agosto de 2021 contra magistrados federales.
Iván Tobar llegará a juicio oral por un único episodio: el video difundido entre el 25 y el 26 de agosto de 2021, en el que un grupo de personas encapuchadas y armadas amenazó a magistrados federales y sus familiares. La fiscalía sostiene que Tobar habría sido el organizador y autor intelectual de la filmación, aunque no aparece identificado entre quienes protagonizan las imágenes.
La acusación actual es el resultado de una reducción sustancial del expediente. Cuando fue indagado, el 28 de marzo de 2025, Tobar fue vinculado con cuatro grupos de hechos: la presunta jefatura de una asociación ilícita, las amenazas del video, la puesta en circulación de dinero considerado de origen ilícito y el hallazgo de autopartes de un vehículo con pedido de secuestro. En aquella audiencia ejerció su derecho constitucional a no declarar.
El 15 de abril de 2025, el juez federal Ernesto Kreplak dictó la falta de mérito respecto de los hechos vinculados con el dinero y las autopartes. Entre las sumas secuestradas figuraban $9.100.000 encontrados en un domicilio de Ensenada, además de $304.300 y $401.000 hallados en una vivienda de Punta Lara. Esas acusaciones no fueron incorporadas posteriormente al juicio.
En esa misma resolución, Kreplak procesó a Tobar con prisión preventiva por amenazas coactivas agravadas y por asociación ilícita. El juez consideró que, aunque Tobar no aparecía físicamente en el video, su posición de liderazgo, sus vínculos con personas identificadas, el lugar de la filmación y el contexto de la disputa gremial permitían atribuirle un rol de autor intelectual.
Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata modificó ese escenario. El 17 de julio de 2025, la Sala II mantuvo la acusación por las amenazas y la prisión preventiva, pero descartó la asociación ilícita. Esa figura tampoco prosperó respecto de los demás investigados en la causa del video.
Finalmente, el 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía Federal Nº 3 de La Plata presentó el requerimiento de elevación parcial a juicio. El escrito acusatorio incluyó únicamente las amenazas coactivas agravadas y dejó afuera tanto la asociación ilícita como los hechos relacionados con el dinero y las autopartes.
La acusación fiscal sostiene que el video fue una puesta en escena destinada a simular que quienes amenazaban pertenecían al sector de Juan Pablo "Pata" Medina, en medio de la disputa por la conducción de la UOCRA La Plata. Según esa hipótesis, la maniobra buscaba perjudicar judicialmente a esa facción.
La fiscalía construyó la acusación contra Tobar principalmente a partir de indicios. Entre ellos aparecen testimonios de identidad reservada, el lugar donde se habría realizado la filmación, las banderas utilizadas, comunicaciones telefónicas registradas entre el 23 y el 27 de agosto de 2021 y la posición de Tobar dentro de la agrupación gremial.
Los peritajes vincularon la pared visible en el video con una vivienda ubicada en la calle 64 de Punta Lara. El inmueble figuraba a nombre de la pareja de Tobar y había sido ocupado por Rubén David Alzogaray, dirigente que compartía con Tobar la conducción del sector gremial y que también fue acusado en la causa.
La fiscalía también tomó en cuenta banderas exhibidas durante la filmación. Un peritaje estableció que al menos una tenía un origen común con una insignia utilizada anteriormente por la facción de Medina. Además, distintos testimonios señalaron que esas banderas habían sido sustraídas durante un enfrentamiento sindical ocurrido en junio de 2021.
La defensa cuestiona que esos elementos permitan demostrar que Tobar ordenó o controló la filmación. Señala que no existe una identificación científica del dirigente entre las personas que aparecen en el video, que no se incorporó el archivo original de la grabación y que las comunicaciones telefónicas no permiten conocer el contenido de las conversaciones.
También objeta la denominada geolocalización. Según el planteo defensivo, los informes se basan en la activación de antenas telefónicas y no en una ubicación GPS exacta. Por eso, sostiene que esos datos no permiten determinar que una persona se encontrara dentro de una vivienda determinada ni qué actividad realizaba en ese momento.
La discusión llegará además al alcance jurídico de las amenazas. La defensa no niega que el contenido del video incluya expresiones amenazantes, pero cuestiona que haya quedado acreditado el propósito de coaccionar a los magistrados. En particular, plantea que no se demostró que los funcionarios hubieran conocido el video antes de adoptar la decisión judicial que, según la acusación, se pretendía condicionar.
Otro punto de debate será la utilización de armas. Mientras la fiscalía sostiene que su exhibición aumentó la capacidad intimidatoria del mensaje, la defensa señala que no se determinó pericialmente que todos los objetos mostrados fueran armas reales y aptas.
El debate no volverá sobre todas las imputaciones que aparecieron durante la investigación. El dinero y las autopartes quedaron bajo falta de mérito, mientras que la Cámara Federal descartó la asociación ilícita. La elevación a juicio se limitó a las amenazas coactivas agravadas vinculadas con el video.
La cuestión central será determinar si los indicios reunidos alcanzan para demostrar una intervención concreta de Tobar en la organización del hecho. Para la fiscalía, la combinación de inmueble, comunicaciones, testimonios, banderas, motivo y logística revela una maniobra planificada bajo su dirección. Para la defensa, esos elementos muestran relaciones circunstanciales, pero no una orden ni un aporte concreto del dirigente.
En el juicio oral, la acusación deberá acreditar la autoría y los elementos de la figura penal imputada más allá de toda duda razonable. Hasta que exista una sentencia, Tobar conserva el estado jurídico de inocencia.
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