Una grave denuncia por “bullying y lesiones psíquicas” en el ámbito escolar fue presentada hoy en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata. Los padres de una nena denunciaron a un compañero de colegio de su hija pero dado que es inimputable por ser un menor de 10 años de edad en la denuncia se hace responsable a los padres del chico y a las autoridades escolares, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar. Las identidades de los menores y sus padres se mantendrán en reserva para evitar la individualización personal de los niños.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron en el ámbito escolar, cuando los chicos estaban en clase en la Escuela 108 de la localidad de Ignacio Correas, al sur del Gran La Plata. En el escrito se detalla que el menor agredió verbalmente a la nena de 9 años de edad y amenazó con agredirla físicamente. Además, siempre según la denuncia presentada, el menor aisló a la nena del resto de los compañeros de aula “impidiendo su integración al grupo social”.
Esta situación generó en la nena “indicadores de ansiedad, angustia y baja autoestima”, según dictaminó una psicóloga que fue propuesta como testigo por el abogado Darío Saldaño quien asiste jurídicamente a los padres de la nena.
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Un caso de bullying escolar llegó al fuero penal de menores en La Plata
A tal punto llegó el malestar que la menor quiere que la cambien de escuela porque “no aguanta más” la situación denunciada y que es materia de investigación en la Unidad Funcional de Instrucción 4 del fuero de menores a cargo de la fiscal Ana Rubio.
“DERECHO A LA VERDAD”
En el escrito denuncia el abogado deja en claro que ya saben de la inimputabilidad del chico denunciado, pero se aclara que la víctima “tiene el derecho al esclarecimiento de la verdad de lo sucedido”. Para el letrado Saldaño los derechos de la nena “se han visto vulnerados por el Estado al colocarla en una situación de desprotección y desamparo por falta de prevención y medidas especiales de la institución educativa ante el hostigamiento en el marco escolar”.
“El daño sufrido por (…) fue invisibilizado en maños de la institución a la que asistía, por los adultos que la tenían a su cargo”, señaló el abogado e hizo foco en que “desde hace ya varios años, el derecho humano a la verdad ha irrumpido en el ámbito internacional de los derechos humanos, el mismo implica que aun cuando una pena no pueda ser aplicada, la víctima tiene derecho a conocer (y que se conozca) la verdad de la violación de derechos humanos sufrida, y la sentencia implicaría una medida de reparación en sí misma”.
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Darío Saldaño, abogado de la víctima
En otro pasaje del documento judicial se aclara que el derecho a la verdad “se erige inicialmente en forma autónoma e independiente del de libertad de expresión en su faceta de acceso a la información y de derecho de acceso a la justicia a raíz de las desapariciones forzadas de personas, lo cierto es que en base al principio de progresividad con el paso de los años ha alcanzado un contenido mucho más amplio”.
Los padres señalan en la denuncia que la menor “tiene derecho a la verdad, ya que por encontrarse en una situación de vulnerabilidad en razón de su edad y género (…) ha visto menoscabado el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”.
Según se establece en la demanda, los padres del menor serían “partícipes primarios” del delito de “lesiones psíquicas leves” ya que “incurrieron en una omisión en cuanto a ponerle un freno a la violencia y el bullying”.
En la escuela se redactaron al menos tres actas con las situaciones que padeció la menor, sin embargo, las agresiones continuaron. Por ese motivo, entre otros, el abogado de la menor considera que docentes y autoridades educativas incurrieron en el presunto delito de “abandono de personas”. En agosto de 2023 “los docentes minimizaban el hostigamiento sufrido por la niña en razón de los estereotipos de género tales como que si un niño maltrata o molesta a una niña es ‘porque le gusta’, así como también en todas las actas acompañadas que dan cuenta del conocimiento que tenía la institución y su omisión en adoptar las medidas adecuadas, colocándola así en una situación de desamparo poniendo en peligro su salud física y psicológica”.
“La ineficacia por parte de los adultos responsables para detener el maltrato acentúa la indefensión, produciendo mayores niveles de ansiedad y daño”, se detalla en la denuncia penal.
Toda esta historia será materia de una profunda investigación que está en sus primeros pasos.
