Los ediles tratarán un proyecto que actualiza la norma para las entidades de bien público y simplifica trámites para acceder a beneficios impositivos.
El Concejo Deliberante de La Plata vuelve a sesionar este jueves y tratará un proyecto de ordenanza de Fuerza Patria (FP) que crea un registro oficial para que las asociaciones de bien público de la ciudad, como clubes de barrio, bibliotecas y comedores, puedan simplificar trámites y acceder con rapidez a exenciones impositivas, subsidios y diferentes programas municipales.
La iniciativa es impulsada por el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, y cuenta con despacho de la comisión de Legislación. Es una de las pocas ordenanzas que se aprobarán en la sesión ordinaria número 14 del cuerpo, en tanto que también se sancionarán distintas declaraciones de interés municipal, convenios turísticos y la baja de autos oficiales del Ejecutivo ya en desuso, entre otros temas.
Entre los principales cambios, el proyecto contempla la creación de un Registro de Entidades de Bien Público, que quedaría bajo la órbita de la Dirección General de Entidades de la Municipalidad. Para inscribirse, las organizaciones deberán contar con domicilio real en La Plata y estatutos aprobados, además de presentar documentación institucional, balances y nóminas de autoridades.
El texto también establece que las entidades podrán acceder a exenciones de tasas, derechos y servicios municipales contempladas en las ordenanzas correspondientes, mediante una solicitud que deberá realizarse una sola vez.
Las entidades podrán acceder a exenciones de tasas, derechos y servicios municipales contempladas en las ordenanzas correspondientes
Otra de las modificaciones apunta a flexibilizar las exigencias administrativas para las instituciones barriales. A partir de ahora, los balances podrán ser rubricados por las propias autoridades de las entidades y se ampliará de 6 meses a 2 años el plazo para regularizar la documentación anual antes de que pueda cancelarse la inscripción en el registro. También se eliminará la obligatoriedad de presentar el balance certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Estas medidas buscan evitar que los incumplimientos administrativos deriven en la pérdida de beneficios para organizaciones que funcionan principalmente gracias al trabajo voluntario de sus integrantes. "El requisito de presentar balances certificados resultaba un obstáculo económico para muchas organizaciones pequeñas", explicó Galland al referirse a la modificación de la normativa vigente. Y agregó que esta exigencia técnica a menudo terminaba excluyendo a las entidades de los beneficios estatales. "Estas organizaciones son las que trabajan día a día en los barrios para mejorar la vida de la comunidad. Por eso nuestro compromiso es estar cerca, ayudarlas y acompañarlas", afirmó.
La iniciativa también introduce cambios en los mecanismos de fiscalización. En ese sentido, establece que las actuaciones de control ante denuncias deberán contar con el respaldo de al menos el 20% de los socios activos de la institución. Además, excluye expresamente del registro a las asociaciones, fundaciones o entidades creadas por sociedades comerciales, bancarias u otras personas jurídicas que desarrollen actividades lucrativas, incluso cuando declaren objetivos de interés social.
Entre los puntos de la nueva norma también se destaca que la Dirección General de Entidades asumirá como autoridad de aplicación directa de la normativa, lo que agilizará los trámites.
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