martes 13 de febrero de 2024

Condenaron en La Plata a exfuncionario del Registro de la Propiedad

En juicio abreviado en La Plata admitió su culpabilidad en cinco estafas, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsificación de documentos públicos.

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Un ex funcionario del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, cuya sede central está en avenida 44 entre 4 y 5 de La Plata, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado en el que Gustavo Alberto Kibe, admitió su responsabilidad por cinco casos de “estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación ideológica de documento público”, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar.

Los casos juzgados ocurrieron durante los años 2016 y 2017 en pleno apogeo de la gestión de la ex gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal. Durante esa gestión varios ex funcionarios fueron denunciados y algunos comenzaron a ser juzgados. Otros tienen fecha de debate para 2024.

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Según dio por acreditado la fiscal de juicio Victoria Huergo la maniobra consistía en fraguar poderes especiales, falsificar boletos de compra-venta y luego Kibel inscribía como válidos en el Registro de la Propiedad incumpliendo sus deberes que como funcionario público correspondían a su cargo, abusando de la confianza en él depositada.

En la mayoría de los casos se trataron de la apropiación indebida de lotes y viviendas en el Partido de La Costa, principalmente en los balnearios de Santa Teresita y Mar del Tuyú.

Tribunales La Plata fuero penal calle 8
El juicio se desarrolló en la sede del fuero Penal de La Plata

El juicio se desarrolló en la sede del fuero Penal de La Plata

Los verdaderos propietarios de esas tierras e inmuebles declararon en la investigación penal. Las víctimas residían en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Cada testimonio en la instrucción de caso fue clave para desenredar la maniobra que se perfeccionaba con falsos apoderados y la presunta complicidad de una escribana pública.

La causa se inició en el año 2017. Kibe, con domicilio en La Plata, fue detenido el 17 de septiembre de 2020. Llegó a juicio en arresto domiciliario y deberá cumplir lo que le resta de la condena (poco más de nueve meses) bajo esa modalidad, según dispuso el juez Patricio Marcelo Gandulfo del Juzgado Correccional 1 de La Plata.

HERENCIA

Uno de los hechos más llamativos de estas maniobras fue el intento de desplazar a los legítimos propietarios herederos de una sucesión que tramitaba en un juzgado Civil y Comercial del departamento judicial de Mar del Plata y otra sucesión en una Juzgado de Paz de la localidad de Balcarce. El patrimonio en juego fueron cuatro lotes en el balneario de Santa Teresita.

La maniobra comenzó en la localidad bonaerense de San Fernando donde, según la acusación, una escribana pública efectuó una falsa operación de compraventa. Falsificó las firmas de los herederos, aportó una falsa inscripción de declaración de herederos y luego utilizó esos documentos falsos para inscribir los lotes en el Registro de la Propiedad.

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Victoria Huergo, fiscal de juicio de La Plata y ex fiscal de Delitos Complejos

Victoria Huergo, fiscal de juicio de La Plata y ex fiscal de Delitos Complejos

Pagó un sellado simple pero el trámite se despachó como urgente. Kibel “para evitar que otros empleados del área pudieran advertir la maniobra realizó en forma personal la inscripción de la operación ilegal”.

TIMBRADOS

En todas las operaciones los trámites se iniciaban con al pago de una tasa por trámite simple, pero se despachaban como urgente “no cumplimentándose debidamente el monto de la tasa, causándole con ello un perjuicio al fisco provincial”. Pagaban por un trámite básico, que demora varios días, pero obtenían una resolución rápida sin abonar la tasa correspondiente.

Los cinco casos que llegaron a juicio ocurrieron entre los años 2016 y 2017. Generaron una pérdida al fisco de $48.825 por no pagar la tasa correspondiente. El valor del dólar oficial en esos años era de $17 por unidad de moneda dura. El perjuicio a las arcas del estado provincial fue de 2.872 dólares. A valor constante, en la actualidad, al dólar oficial, significarían $1.079.872 de evasión.

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