La Policía Bonaerense notificó a un vecino de La Plata utilizando un apodo y reabrió una fuerte discusión sobre el trato institucional a los ciudadanos.
La forma en que la Policía Bonaerense citó a un ciudadano en La Plata desató una fuerte polémica y volvió a poner en discusión los criterios con los que actúan las fuerzas de seguridad al momento de identificar a las personas. Ante el desconocimiento del nombre del destinatario, la cédula de citación fue dirigida a "el mudito" en alusión a la discapacidad que padece el hombre.
El documento al que accedió 0221.com.ar fue emitido bajo el membrete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y convoca al vecino a presentarse en la Subcomisaría La Unión para cumplir con diligencias correspondientes a una imputación en su contra por "abuso sexual". Lo que debería haber sido un trámite administrativo rutinario, sin embargo, terminó generando rechazo por la forma en que se consignó la identidad del vecino.
Delincuentes entraron a la casa de una policía en Etcheverry mientras no se encontraba en el lugar y se llevaron su arma reglamentaria tras violentar una reja.
Los investigadores de la Policía Bonaerense dudan del relato que dio el joven baleado en La Plata, ya que la víctima cuenta con antecedentes penales.
La expresión utilizada no solo resulta informal, sino que además carga con un tono claramente estigmatizante. En lugar de emplear mecanismos formales de identificación –como referencias catastrales, descripciones físicas neutrales o consultas previas a registros oficiales–, se recurrió a un apodo basado en una condición personal.
Especialistas en derecho y organismos vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad coinciden en que este tipo de prácticas no solo son inadecuadas, sino que pueden constituir una vulneración de derechos básicos. La utilización de términos peyorativos o diminutivos para identificar a una persona en documentos oficiales contradice estándares mínimos de trato digno. En el ámbito judicial, además, este tipo de irregularidades podría incluso comprometer la validez de una notificación: si bien el objetivo de la cédula es asegurar que el destinatario tome conocimiento de una citación, la forma en que se lo identifica debe ser clara, precisa y respetuosa, evitando cualquier tipo de ambigüedad o discriminación.
Fuentes vinculadas al caso consultadas por este medio señalaron que no es la primera vez que se detectan prácticas informales en procedimientos de notificación policial, especialmente en barrios donde los vecinos son conocidos por sobrenombres. No obstante, remarcaron que trasladar esa lógica a un documento oficial implica un salto problemático, ya que el Estado debe regirse por criterios formales y no por usos coloquiales.
Más allá del aspecto administrativo, el caso tiene una dimensión social evidente. La utilización del término "mudito" no es neutra y remite a una forma de nombrar que históricamente ha sido cuestionada por su carga despectiva hacia personas con discapacidad auditiva o del habla. Organizaciones que trabajan en inclusión sostienen que el lenguaje no es un detalle menor, sino una herramienta que construye realidad. En ese sentido, advierten que cuando el propio Estado utiliza expresiones de este tipo, legitima prácticas discriminatorias que la sociedad viene intentando erradicar.
El episodio también deja al descubierto una falta de capacitación en materia de derechos humanos dentro de algunas áreas operativas de las fuerzas de seguridad. En los últimos años, distintos programas oficiales han intentado incorporar perspectiva de género y diversidad, pero este caso sugiere que aún persisten déficits en la formación cotidiana del personal.
Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que explique lo ocurrido o aclare si se iniciará algún tipo de investigación interna. No obstante, fuentes cercanas al ámbito judicial indicaron a 0221.com.ar que el hecho podría derivar en presentaciones formales, tanto por la vía administrativa como judicial.
En paralelo, crece el debate sobre la necesidad de establecer protocolos más estrictos para las notificaciones policiales. La correcta identificación de las personas no solo es una cuestión de eficacia, sino también de respeto institucional.
El caso, que en principio podría parecer menor, expone una problemática más profunda: ¿cómo el Estado nombra a sus ciudadanos y qué dice ese acto sobre la calidad democrática de sus prácticas? En una sociedad que busca avanzar hacia mayores niveles de inclusión, situaciones como esta funcionan como un llamado de atención. Porque no se trata solo de una palabra escrita en un papel, sino del modo en que se reconoce –o se desvaloriza– la identidad de una persona frente a la ley.