El Sindicato de Conductores de Taxis plantea formalizar los contratos, crear un registro y fijar un canon máximo por el alquiler de vehículos en La Plata.
El Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata, conducido por Juan Carlos Berón, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular el alquiler de taxis en la ciudad. La propuesta busca formalizar una modalidad que, según el gremio, alcanza a más de 2.500 choferes y establecer condiciones para los contratos entre los conductores y los titulares de las licencias.
La iniciativa fue elevada al presidente del cuerpo, Marcelo Galland, bajo el nombre de Régimen de Alquiler Regulado de Taxis y con el objetivo de que sea analizada por la Comisión de Transporte. La iniciativa pretende incorporar esta figura a la Ordenanza N°4.455, que regula el servicio de taxis en la capital bonaerense.
En los fundamentos, el sindicato sostiene que el alquiler ya es una práctica común en la ciudad que funciona sin una regulación específica. Según explican en el gremio, el chofer paga un canon diario al dueño de la licencia independientemente de cuánto recaude, un monto que –según sostienen– actualmente ronda los $75.000 diarios más combustible. Por este motivo algunos choferes trabajan largas horas para cubrir primero el alquiler y los gastos del vehículo antes de obtener ingresos propios.
El proyecto de ordenanza propone crear formalmente la figura del "Contrato de Alquiler Regulado de Taxi", mediante el cual el titular de una licencia habilitada podría ceder temporalmente el uso del vehículo a un conductor a cambio del pago de un canon.
Para controlar los acuerdos, la propuesta plantea crear un Registro Municipal Único de Contratos de Alquiler de Taxis. Todos deberán ser incorporados allí dentro de los 5 días hábiles posteriores a su celebración y la Comisión de Transporte tendrá intervención en la regulación del sistema. Cada acuerdo debería incluir los datos completos del titular de la licencia y del conductor, el número de licencia, el dominio y la póliza de seguro vigente y tendría una duración mínima de 3 meses y máxima de 12 meses, aunque podría renovarse una vez cumplido ese período.
Uno de los puntos principales del proyecto es el límite al monto que los propietarios podrían cobrar. La iniciativa propone fijar un canon máximo de $40.000 diarios más combustible, una cifra considerablemente menor a los $75.000 que el sindicato asegura que se pagan actualmente en algunos casos. El valor se fijaría en paralelo a los incrementos de la tarifa de taxis que dispone dos veces al año el Concejo Deliberante.
La iniciativa propone fijar el cobro de un canon máximo de $40.000 diarios más combustible a los choferes que alquilan taxis para trabajar
La regulación también establecería obligaciones para los titulares de las licencias. Entre ellas aparecen "entregar el vehículo en condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento, afrontar su mantenimiento integral y contar con seguros de responsabilidad civil para terceros transportados y no transportados, además de una cobertura de accidentes personales para el chofer".
El propietario también tendría que entregar un recibo oficial por el pago del canon. Del otro lado, el conductor podría inscribirse gratuitamente y obtener un carnet municipal de Conductor Alquilante Habilitado, además de denunciar ante la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante eventuales abusos sin que la presentación pueda derivar en la rescisión del contrato como represalia.
El sindicato reconoce en su presentación que la modalidad ya existe y plantea que una eventual ordenanza incluya un período para incorporar esos acuerdos al nuevo esquema. En los fundamentos del proyecto, el gremio sostiene que "la prohibición formal sin regulación ha fracasado" y asegura que esa situación empujó a más de 2.500 choferes a trabajar fuera de un régimen formal.
En este contexto, el último artículo de la iniciativa establece que, en caso de aprobarse y promulgarse, los titulares que actualmente alquilan sus unidades "tendrán 30 días corridos para regularizar su situación ante la Comisión de Transporte". Una vez terminado ese plazo, "todo alquiler no registrado será considerado ilegal y sancionado", indica el proyecto.
El incumplimiento del nuevo régimen quedaría alcanzado por las sanciones contempladas en la Ordenanza 4.455 e incluso podría constituir una causal de caducidad de la licencia.
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