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Buscan que la salud y la educación sean aranceladas en La Plata para extranjeros y no residentes

El proyecto de ordenanza le da la facultad a la Municipalidad de La Plata de cobrar por las prestaciones de salud, actividades educativas, deportivas y más.

En línea con la iniciativa presentada por La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, el bloque de concejales de Propuesta Republicana (PRO) presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata para que los extranjeros y los argentinos que no residan en el partido deban pagar por la atención en salud y la educación, entre otros servicios, que son brindados por el Municipio.

Impulsada por el concejal Nicolás Morzone, la propuesta faculta al Departamento Ejecutivo a establecer aranceles por el uso de servicios municipales de carácter recreativo, deportivo, cultural, turístico, de salud –exceptuando las urgencias–, educativo no obligatorio y otras prestaciones no esenciales financiadas íntegramente con recursos municipales. Para ello, el proyecto crea el Régimen Municipal de Recupero de Costos y Arancelamiento de Prestaciones Municipales, que alcanzará tanto a extranjeros como a argentinos que no acrediten residencia efectiva en la ciudad, aunque contempla una excepción para los ciudadanos provenientes de países que mantengan tratados de reciprocidad con la Argentina.

El texto instruye a la Secretaría de Hacienda y Finanzas a implementar los mecanismos administrativos para recuperar los costos de esas prestaciones y dispone la elaboración de un informe semestral con la cantidad de servicios brindados, su costo estimado y el monto efectivamente recuperado. Además, determina que los recursos obtenidos por el cobro de estas prestaciones deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los jardines públicos municipales.

El proyecto fue ingresado al Concejo Deliberante de La Plata por el bloque del PRO

"Esta ordenanza pone a los vecinos de La Plata primero, ellos tienen que ser la única prioridad en cualquier servicio público en general. Es un acto de justicia fiscal", señaló Morzone tras presentar la iniciativa.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, el concejal sostiene que la medida busca establecer un mecanismo de recupero de costos para servicios municipales utilizados por personas que no viven ni tributan en la ciudad. La iniciativa aclara sin embargo que "no se trata de una medida inspirada en criterios de nacionalidad, discriminación o exclusión", sino que "el criterio rector de esta ordenanza es la residencia efectiva y la pertenencia al sistema de financiamiento municipal".

Además, el texto señala que la ordenanza "procura preservar la capacidad financiera del Municipio de La Plata sin afectar prestaciones esenciales ni derechos fundamentales protegidos por normas de jerarquía superior".

Lo recaudado con los aranceles impuestos irá a financiar los CAPS de La Plata

En este sentido, el edil remarca que el régimen "no alcanza las prestaciones de emergencia, aquellas vinculadas directamente con la protección de la vida o la integridad física de las personas" y que e objetivo "no consiste en restringir derechos sino en establecer mecanismos razonables de recupero de costos".

En línea con el proyecto de La Libertad Avanza

La propuesta presentada en el Concejo Deliberante platense está en línea con el proyecto de ley impulsado días atrás en la Cámara de Diputados bonaerense por el presidente del bloque de LLA, Agustín Romo. La misma plantea cobrar la atención médica programada y los estudios universitarios provinciales a extranjeros que no tengan residencia permanente en la provincia de Buenos Aires, aunque mantiene la gratuidad para las urgencias, las enfermedades transmisibles y la vacunación, además de destinar los recursos recuperados al Fondo Provincial de Salud.

En el caso de las universidades provinciales de gestión estatal, cada institución deberá establecer una retribución para las carreras de grado cursadas por ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Las casas de estudios tendrán autonomía para determinar los montos y las modalidades de pago dentro del marco establecido por la normativa.

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