El Gobierno nacional descartó abrir una instancia de diálogo con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y definió avanzar con una reforma sindical durante el segundo semestre.
La Casa Rosada confirmó que no prevé contactos con la CGT y prepara cambios en el sistema sindical que incluirán puntos excluidos de la reforma laboral.
El Gobierno nacional descartó abrir una instancia de diálogo con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y definió avanzar con una reforma sindical durante el segundo semestre.
La decisión se tomó tras la marcha en Plaza de Mayo y en medio de un conflicto judicial por la reforma laboral. El oficialismo ya trabaja en el contenido del proyecto. En el Ejecutivo afirmaron que no hay reuniones previstas con la central obrera en el corto plazo.
La postura oficial es no retomar negociaciones mientras continúen las presentaciones judiciales contra la reforma laboral. El vínculo con el sindicalismo se mantiene sin canales formales abiertos.
En la Casa Rosada señalaron que los últimos meses no dejaron margen para avanzar en acuerdos políticos. Desde el Gobierno sostuvieron que la CGT llevó el conflicto a tribunales y condicionó cualquier intento de negociación. La estrategia oficial combina sostener la disputa judicial y evitar nuevas concesiones.
El plan incluye retomar en la segunda mitad del año una agenda más amplia de cambios. El Gobierno evalúa modificaciones sobre asociaciones civiles, financiamiento y funcionamiento sindical. La iniciativa se presentaría en el Congreso después del Mundial, según indicaron fuentes oficiales.
El proyecto retomará puntos que habían quedado fuera de la reforma laboral. Entre ellos, se analiza modificar el esquema de retención de cuotas sindicales, que podría pasar a ser opcional con autorización del trabajador. También se revisa la contribución patronal a las obras sociales.
La legislación vigente fijó un tope del 2% para aportes a asociaciones de trabajadores en convenios colectivos, pero dejó afuera las cuotas sindicales. Además, mantuvo en 6% la contribución patronal a las obras sociales, sin aplicar la reducción que planteaba el proyecto original.
El Ejecutivo también trabaja en una reforma del Código Civil y Comercial con impacto en personas jurídicas. Ese paquete incluiría cambios en asociaciones civiles y en el sistema de elección de autoridades. En el Gobierno anticipan que estas medidas pueden generar nuevos conflictos con la CGT.
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