El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y otros dirigentes entregaron sus dispositivos electrónicos y fueron citados a declarar en una investigación judicial.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el Aeropuerto internacional JFK de Nueva York antes de emprender el regreso a la Argentina junto a parte de la delegación de la Selección argentina.
Según publicó Infobae, las autoridades estadounidenses solicitaron la entrega de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de Tapia. La medida también alcanzó a otros integrantes de la comitiva que viajaron en el vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas.
Chiqui Tapia volvió a compartir la tradicional foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa de la final del Mundial 2026.
El presidente de la AFA compartió un video con el progreso de los trabajos en el Estadio Único Diego de La Plata. Será la casa de la Selección argentina.
Como consecuencia del procedimiento, el despegue, previsto inicialmente para las 6, se concretó cerca de las 8:15, lo que demoró la llegada del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto de Ezeiza.
De acuerdo con la documentación citada por ese medio, Tapia fue convocado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida. La citación también solicita que aporte la información que posea vinculada con Tourprodenter y las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Siempre según la información publicada por Infobae, la investigación está centrada en la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA.
En ese marco, Tourprodenter, empresa administrada por Faroni, aparece bajo análisis por su rol como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.
La publicación sostiene que la pesquisa es llevada adelante por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, quienes analizan operaciones que superarían los USD 300.000.000.
Según el medio, el objetivo de esta etapa es reconstruir el circuito del dinero, identificar a las personas y sociedades involucradas y determinar si alguna de las operaciones puede constituir un delito bajo la legislación estadounidense.
Hasta el momento, la información disponible indica que la investigación continúa en una fase preliminar y no implica, por sí sola, la existencia de imputaciones penales contra los involucrados.
